Resumen: El juzgado de lo Penal condena al acusado como autor responsable de UN DELITO CONSUMADO DE ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS de los artículos 237 , 238.3 º y 240 del código penal , concurriendo atenuante analógica simple del artículo 21.7 en relación con el artículo 21.1 y 20.2, A UNA PENA DE UN AÑO Y 4 MESES DE PRISIÓN, Accesorias, costas procesales y pago de la responsabilidad civil.
La representación procesal del acusado interpone recurso de apelación alegando error en la valoración de la prueba, solicitando la revocación de la sentencia, Impugna la individualización de la pena y la libre absolución.
La audiencia Provincial desestima el recurso de apelación y confirma la sentencia.
Resumen: El Juzgado de lo Penal condena al acusado como autor criminalmente responsable de un delito de apropiación indebida, concurriendo la circunstancia atenuante de actuar el culpable a causa de su grave adicción a sustancias estupefacientes o drogas tóxicas, a la pena de 6 meses y un día de prisión, accesorias y costas.
La representación procesal del acusado interpone recurso de apelación alegando error en la valoración de la prueba, vulneración del derecho a la presunción de inocencia, solicitando la revocación de la sentencia y la libre absolución.
La audiencia Provincial desestima el recurso de apelación y confirma la sentencia.
Resumen: No procede la acumulación de condenas, al ser la triple de la más grave superior a la suma de las condenas impuestas.
Resumen: Se desestima el recurso interpuesto por el condenado a 10 años de prisión por un delito de abuso sexual continuado sobre menor de 16 años del art. 183.1 y 4 CP (en redacción dada por la LO 1/2015). Se confirma la existencia de prueba de cargo suficiente, constituida por el testimonio de la víctima, debidamente corroborado , sin que el hecho de que haya actuado en el proceso como acusación particular no neutraliza, ni muchos menos, su credibilidad como testigo. Correcta práctica de la prueba preconstituida, con garantías de contradicción, rechazando las quejas del recurrente sobre la intervención de la psicóloga. No procede la aplicación retroactiva de la LO 10/2022: El Tribunal de instancia fijo la pena en 10 años de prisión, en una franja dosimétrica situada entonces entre los 8 y 12 años, en atención a "...la vulnerabilidad de la víctima", que contaba entonces con 8 años de edad recién cumplidos. Conforme a la LO 10/2022, los hechos se subsumirían en el art. 181.1.2 y 3 del CP, que prevé una pena entre 10 y 15 años de prisión. El carácter continuado del delito obliga incluso a exasperar su duración, excediendo con mucho de los 10 años previstos como límite mínimo de la mitad inferior, que fue la impuesta inicialmente por la Audiencia.
Resumen: Revoca la sentencia del Juez Penal que condena a un acusado como autor responsable de un delito de quebrantamiento de medida cautelar y dispone su libre absolución. Acusado que es sorprendido cuando se encuentra junto a la persona a la que tiene prohibido acercarse por una orden judicial de protección vigente, si bien se encuentra en el interior del propio domicilio ocupado. Presunción de inocencia y principio de duda razonable. Juicio que se celebra en ausencia del acusado y sin el testimonio de la persona protegida. Dolo de quebrantamiento y su acreditación. Testifical de los agentes de policía que únicamente constatan la presencia del acusado junto a la persona protegida en el domicilio de aquel. Doctrina sobre el tratamiento del encuentro casual y la carga que proyecta sobre el obligado por la orden de protección, de alejarse de la presencia de la persona protegida, pero que debe entenderse aplicable cuando el encuentro tiene lugar en espacios públicos y no cuando se trata del propio domicilio del obligado por la prohibición.
Resumen: El condenado formula recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que confirmó la condena por un delito de violación. Ámbito del recurso de casación tras la reforma de la Ley 41/2015. No puede consistir en una simple reiteración del contenido de la impugnación realizada en el recurso de apelación. El recurso ha de abrir un debate directo con la sentencia de apelación, tratando de rebatir o contradecir sus argumentos. La Sala, tras exponer el control casacional sobre la presunción de inocencia, concluye que la declaración de la víctima cumple las exigencias establecidas en la jurisprudencia y constituye prueba de cargo suficiente. Concepto de violencia e intimidación. La violencia o intimidación empleadas en los delitos de agresión sexual no han de ser de tal grado que presenten caracteres irresistibles, invencibles o de gravedad inusitada. Basta que sean suficientes y eficaces en la ocasión concreta para alcanzar el fin propuesto, paralizando o inhibiendo la voluntad de resistencia de la víctima y actuando en adecuada relación causal, tanto por vencimiento material como por convencimiento de la inutilidad de prolongar una oposición de la que, sobre no conducir a resultado positivo, podrían derivarse mayores males. LO 10/2022. No procede la aplicación retroactiva de la LO 10/2022 dado que el componente violento del comportamiento desplegado por el condenado y su persistencia en el ataque manifestada en penetraciones por distintas vías (anal y vaginal) justifica el mantenimiento de la pena impuesta por la Audiencia Provincial.
Resumen: Se recurre un auto dictado por una Audiencia Provincial, no por un juzgado de lo Penal, en ejecución de sentencia, que resuelve sobre el abono de una medida cautelar distinta a la prisión preventiva (medida de alejamiento acordada en instrucción), a compensar con días de privación de libertad de una pena de prisión. Se concluye la recurribilidad de la anterior resolución pese a haber mediado un anterior recurso de súplica, pese a reconocerse la falta de claridad del ordenamiento procesal en este punto. Después de afirmar que la resolución mencionada es recurrible, la Sala concluye que el "módulo de equivalencia" adoptado por la Audiencia Provincial (compensar un día de prisión por cada mes de vigencia de la prohibición) es razonable. Se recuerda la discrecionalidad del órgano sentenciador en este tipo de decisiones.
Resumen: Infracción de ley. La Sala II desestima la pretensión por no respetar el recurrente los hechos probados que describen en el acto que llevó a cabo el recurrente para conseguir una agresión sexual, aunque fue interrumpido por los agentes policiales. Concurren los elementos del tipo penal del art. 179 CP.
Es procedente el daño moral en delitos sexuales. No es preciso que sea acreditado por pericial psicológica. Puede ser aconsejable que se aporte, pero su ausencia no elimina el derecho de la víctima a percibir la indemnización por daño moral. En los delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales, dado el bien jurídico protegido, es muy frecuente que causen un daño moral en la víctima, sea la misma menor o mayor de edad, pues se trata de conductas que causan un grave impacto psicológico en quien es sujeto pasivo de las mismas, tratándose con frecuencia de sucesos traumáticos que requieren de atención psicológica y psiquiátrica especializada para su recuperación. Se trata, en definitiva, de conductas delictivas que afectan al Derecho Fundamental al libre desarrollo de la personalidad. En estos casos si bien no existe previsión expresa sobre la valoración económica del daño moral, ello no es óbice para que exista la obligación de su indemnización, en orden a compensar el sufrimiento padecido. El mismo extiende la indemnización tanto al daño emergente como a lucro cesante, ex artículo 1.106 CC, aunque para valorar el daño y fijar el quantum indemnizatorio, determina la libertad del tribunal si de forma motivada fija el quantum de la indemnización atendiendo a la gravedad de los hechos cometidos.
Presunción de inocencia. La presunción de inocencia planteada en casación no es una "segunda oportunidad" de revisar la valoración de la prueba tras haberse planteado este motivo en sede de apelación. No cabe aceptar que se convierta la casación en "otra oportunidad" para revisar la valoración probatoria y que se opte por la que propone el recurrente. Se considera que la sentencia dictada por el TSJ efectúa debidamente el análisis de la racionalidad de la valoración probatoria destacando la declaración de la víctima, el acusado y los agentes. Se efectúa un correcto análisis de la prueba tenida en cuenta por el tribunal de instancia.
Adaptación a la LO 10/2022. La AP no impuso la pena mínima, por lo que no es posible la rebaja penal que se postula al no ser aplicable la LO 10/2022 al no haberse puesto la pena mínima. Recuerda que este criterio se ha aplicado en reiterada doctrina de la Sala II a raíz del Pleno del TS celebrado los días 6 y 7 de Junio de 2023.
Resumen: La ocultación de fuentes de información o las irregularidades en la forma de presentación de la denuncia no implican una manipulación de la Fiscalía por parte del Centro Nacional de Inteligencia. Valor de la denuncia anónima. Investigación que no tuvo carácter prospectivo. Registro domiciliario con las debidas garantías. Cadena de custodia: todos los efectos estuvieron controlados y a disposición del Juzgado. Privilegio en la relación abogado y cliente no vulnerado. Eficacia probatoria de declaraciones de coacusados que llegaron a acuerdos con las acusaciones. Autenticidad, integridad y exhaustividad de los documentos digitales intervenidos: solo se puede predicar respecto del original y lo relevante es garantizar que los dispositivos puestos a disposición de las distintas unidades policiales para su examen y los examinados son los mismos y no ha existido posibilidad de alteración. Irrelevancia de manifestaciones públicas fuera del proceso. Valoración racional de la prueba. La motivación de la sentencia cuenta con prueba que es de cargo y signo incriminatorio claro. Absolución por el delito de cohecho pasivo propio, al haberse aceptado los encargos sin intención de realizar actos contrarios a los deberes de comisario en activo. Elementos constitutivos del delito de descubrimiento y revelación de secretos de empresa. Actuación delictiva de contratar espiar secretos empresariales ajenos que no fue fruto de actuación colegiada. Cálculo de la cuota diaria de multa. Atenuante de reparación parcial del daño. Absolución por delito continuado de falsedad documental: ausencia de carácter mercantil de las facturas. Indemnización por daño moral.
Resumen: CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES: ejecución de una labor en altura sobre una superficie frágil y sin las correspondientes medidas de seguridad durante la que se produjo la caída del trabajador, que sufrió graves lesiones. VALORACIÓN DE LA PRUEBA: la función de la apelación supone la revisión de la realizada en la sentencia, no su sustitución por la propia ni mucho menos por la de la parte cuando no concurra un error notorio, y menos todavía cuando la decisión recurrida se sustenta en una prueba pericial plenamente ajustada a criterios de experiencia, lógica y ciencia. NULIDAD: la imputación de la persona jurídica que se pretende es inviable y supone una petición extemporánea. CONCURRENCIA DE CULPAS: no se puede presumir culpa del trabajador, que se limitó a realizar su tarea conformes a las instrucciones que se le impartieron y con los medios que pusieron a su disposición, exigiendo este planteamiento prueba de su realidad. RESPONSABILIDAD CIVIL: con independencia de la discusión sobre la vigencia de la póliza, lo cierto es que en ella se excluía expresamente el aseguramiento de los trabajadores que no estuvieran en nómina y de alta.
